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domingo, 27 de enero de 2013

Segob: ¿Agencia de inteligencia o de espionaje político?

En julio de 2011, según reportó Alejandro Gutiérrez, corresponsal de Proceso en España, el expresidente del gobierno español, Felipe González declaró en Madrid: “El problema es que en la lucha contra la criminalidad organizada en cualquiera de sus formas hay 85% de inteligencia y 15% de operatividad y creo que el planteamiento en México es 85% operación y 15% inteligencia”.
El diagnóstico era totalmente acertado. Lo que falta en México para combatir a la delincuencia organizada es más labor de inteligencia, que desde luego implica una mayor y mejor recopilación de información, pero sobre todo perfeccionar la sistematización, el procesamiento y el análisis de la información, pues eso es lo que permite anticipar el actuar de los criminales y combatirlo con acciones preventivas y correctivas, incluyendo el desmantelamiento de sus redes financieras y sus vínculos con diversos actores de la sociedad. En ese sentido nadie puede oponerse al anunciado Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuya creación adelantó Proceso y confirmó el pasado lunes 14 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Pero si lo que el citado centro pretende es precisamente realizar la labor de concentración, sistematización, procesamiento y análisis de la información recopilada por las distintas instancias de inteligencia, el modelo que debe seguir no es para nada el de la CIA norteamericana, cuya real actividad es el espionaje político y la desestabilización y derrocamiento de gobiernos nacionales que implementen proyectos alternativos al modelo neoliberal estadunidense.
De acuerdo con las versiones periodísticas de la conferencia de prensa que brindó Osorio Chong (en el apartado de “sala de prensa” de la página electrónica de la Secretaría de Gobernación no es posible encontrar un documento –boletín, versión estenográfica, conferencia, entrevista– que dé cuenta de su respuesta a la pregunta que le hicieron el lunes 14) el funcionario reconoció que se trabaja en el proyecto y aunque siempre lo refirió a funcionarios de seguridad y el combate al crimen organizado, en ningún momento desmintió que se haya reunido con funcionarios de la CIA ni que lo que se estuviese buscando fuese la creación de un centro de inteligencia similar a dicha instancia.
Todos los gobiernos deben tener un centro de inteligencia estratégica, pero la CIA no es únicamente un centro de inteligencia estratégica, ya que entre sus actividades incluye labores de espionaje político y de desestabilización de gobiernos que los estadunidenses consideran peligrosos u opositores. Por otra parte, todas las labores de inteligencia, espionaje y desestabilización que realiza la CIA son fuera de Estados Unidos, pues ese es precisamente su objetivo.
Un caso emblemático que retrata cabalmente el papel de la CIA es la participación del gobierno estadunidense –y desde luego de su agencia de inteligencia– en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Hoy las grabaciones y documentación del gobierno de Richard Nixon no dejan lugar a dudas de su intervención en el mismo.
La CIA no se dedica al combate del crimen organizado, su labor está totalmente orientada a los asuntos políticos y fuera de Estados Unidos, por lo que no había ninguna razón para consultarla. En todo caso los organismos que había que observar y analizar son otros que sí se dedican al combate del crimen organizado en dicho país.
Durante la conferencia de prensa, de acuerdo con lo divulgado por los medios de comunicación, Osorio Chong refirió que el proyecto se inició desde el periodo de transición gubernamental y que se entrevistó con funcionarios de seguridad de Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y España, entre otros, y que el objetivo es lograr lo que llamó la “fusión de la información” para ser más eficaces.
Pero nunca precisó quiénes o al menos de qué dependencias eran esos funcionarios de seguridad y tampoco desmintió que entre ellos se encontraran los dirigentes de la CIA, lo que significaría que sí contemplan las estrategias y prácticas de espionaje de la agencia norteamericana, lo que implica que éstas pueden utilizarse no únicamente para el combate a la delincuencia organizada sino también para contrarrestar a sus opositores políticos, es decir, algo más similar a la desaparecida KGB soviética, que las usaba para neutralizar a los enemigos de su régimen político.
Durante el gobierno panista de Felipe Calderón el combate a la delincuencia organizada sirvió de pretexto para sacar al Ejército a las calles; impulsar y aprobar una serie de reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos, como es el caso del arraigo, para mencionar tan sólo un ejemplo; y para cometer una serie de atropellos y arbitrariedades que provocaron la desaparición y muerte –o al menos lesiones– de muchos inocentes.
La amenaza que hoy se asoma es que a todos estos excesos se le agreguen estas estrategias y prácticas de espionaje y persecución de los enemigos políticos; que se aproveche nuevamente el gran sentimiento de vulnerabilidad que se apoderó de los mexicanos para seguir violentando los derechos y restringiendo las libertades de la ciudadanía.
Esto pone en riesgo los incipientes y débiles avances que se lograron en la construcción democrática en los últimos tres lustros, que bien pueden revertirse por la vía de los hechos en aras de recuperar una seguridad que hoy está perdida.
El peligro es mayor porque las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que se aprobaron en diciembre pasado, concentraron un gran poder en la Secretaría de Gobernación, que hoy también se traduce en un mayor presupuesto, con lo cual la posibilidad de montar una agencia de espionaje y persecución política se acrecienta.
La ausencia de un soporte legal nunca ha sido un obstáculo para las autoridades mexicanas y la creación de esta supersecretaría le permite constituir la agencia a partir de simples decisiones administrativas, que pueden tomarse e implementarse subrepticiamente y para cuando se perciban sus efectos el daño ya estará hecho y las posibilidades de reacción, mermadas.

Washington aprieta su estrategia intervencionista en MEXICO

La llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos renovó los afanes del gobierno estadunidense para combatir al narco en territorio mexicano. Para lograrlo, el Pentágono desempolvó y rediseñó un plan antiterrorista ofrecido inicialmente a la administración calderonista y que incluía la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Documentos del Departamento de Defensa indican que el propósito es fortalecer el Comando Norte de Operaciones Especiales para ampliar y mejorar el adiestramiento de efectivos de las fuerzas de seguridad de México… y ese adiestramiento incluye técnicas de espionaje, secuestro y tortura.
WASHINGTON (Proceso).- El regreso del PRI a Los Pinos le volvió a dar alas al Pentágono, que como parte de su estrategia de combate al narcotráfico intenta aplicar en México las tácticas antiterroristas que usa en Medio Oriente desde hace varios años, para lo cual ya ha entrenado a numerosos efectivos militares y policiacos mexicanos.
“El objetivo es que las fuerzas de seguridad de México tengan la capacidad de ejecutar cinco tácticas esenciales en esta lucha: componer, terminar, explotar, analizar y diseminar”, sostiene uno de los documentos, obtenido por Proceso, del Comando Norte de Operaciones Especiales, perteneciente al Comando Norte (Norcom).
Uno de ellos revela que “con la venia” de Felipe Calderón, desde 2010 y hasta mediados de 2012 el Pentágono instruyó a soldados, marinos y policías mexicanos en métodos de espionaje, tortura, ataques sorpresa y secuestro.
Personal de esa institución llevó a Afganistán, Guantánamo (isla de Cuba), Irak, Kuwait y Pakistán a por lo menos tres grupos de las fuerzas de seguridad de México para que “observaran y aprendieran” las tácticas que utilizan los grupos de operaciones especiales estadunidenses para “ubicar, aniquilar, atrapar, secuestrar e interrogar” a miembros de organizaciones terroristas como Al Qaeda, indica el documento.
“Los grupos especiales de México que aplicarían las tácticas contra el narcotráfico y el crimen organizado deben estar integrados en 85% por miembros de la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar), 10% de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el resto por policías federales, agentes de inteligencia y personal civil especializado”, expone otro de los textos elaborados por el Pentágono, del que el corresponsal sólo pudo tomar algunas notas.
Con el argumento de que los cárteles del narcotráfico y los grupos del crimen organizado mexicanos representan una amenaza para la seguridad de la frontera sur y para la estabilidad nacional de Estados Unidos, la dependencia consiguió que Calderón aceptara el adiestramiento de policías y efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas en tácticas antiterroristas.
El Departamento de Defensa incluso diseñó un plan de captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa en territorio mexicano, que sería ejecutado por un grupo de élite de las Fuerzas Especiales del propio Departamento de Defensa. En un principio Calderón aceptó, pero terminó por descartarlo ante la oposición de la Sedena (Proceso 1867).
No obstante el rechazo del gobierno calderonista, la llegada del PRI a Los Pinos con Enrique Peña Nieto hizo que el gobierno estadunidense retocara su antigua propuesta para desmantelar el narcotráfico y el crimen organizado con métodos antiterroristas.
Desde el arranque de su mandato, Peña Nieto expresó su intención de desmilitarizar la estrategia heredada de su antecesor para concentrarse en el uso de mecanismos de inteligencia más efectivos que ayuden a disminuir la narcoviolencia que dejó más de 100 mil muertos en los últimos seis años.
Con este propósito contrató a consultores estadunidenses y de otros países especializados en seguridad nacional para crear el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que, según los planes, tendría seis sedes y estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación (Proceso 1889).

El memorando de Panetta

Enterado de los planes de Peña Nieto el 31 de diciembre pasado, Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, firmó un memorando con el que autoriza el fortalecimiento del Comando Norte de Operaciones Especiales (CNOS, por sus siglas en inglés) dentro del Norcom, para ampliar y mejorar el adiestramiento que se proporciona a las fuerzas de seguridad de México.
“Estamos listos para seguir trabajando con el gobierno del presidente Peña Nieto y en este sentido estamos llevando a cabo diversas conversaciones con nuestras contrapartes mexicanas”, dice a Proceso el capitán de la Marina estadunidense Jeff Davis, jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Norcom.
En entrevista vía telefónica asegura que la ampliación del CNOS estrictamente es sólo “un cambio de organización” de esta entidad militar, pero no en el “sentido operacional”.
Según el capitán Davis la ampliación del CNOS “es para fortalecer la cooperación con nuestros aliados de América del Norte (Canadá y México) sobre la seguridad y estabilidad de la región, por medio de la cual tenemos intercambios directos y proporcionamos entrenamiento militar que no se concentra únicamente en los militares mexicanos o en planes para este país”.
Sin embargo el entrevistado no confirma ni desmiente el argumento central del plan para México: Que las fuerzas de seguridad del país “apliquen tácticas antiterroristas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado”.
Sólo dice: “Cuando se habla de grupos especiales del Pentágono la gente tiende a imaginarse situaciones de combate como las que se hacen en las películas; pero lo que se llevará a cabo en este caso es simplemente hacer concordar lo que realizan los demás comandos de Estados Unidos en el mundo, entre ellos el africano y el del sur”.
Y puntualiza: “El CNOS será el más pequeño con respecto a todos los que existen”.
Los documentos elaborados por personal adscrito al Pentágono consultados por Proceso y cuya autenticidad confirma Davis indican que el objetivo clave para el caso de México es dotarlo de una fuerza militar y civil especial que se concentre en el desmantelamiento de las redes criminales que operan sobre todo en su frontera norte.
Conforme a lo estipulado por Panetta, la intención es que Peña Nieto acepte el plan de atrapar a capos como El Chapo Guzmán aplicando métodos antiterroristas similares a los que utilizó el Pentágono para localizar y matar a Osama bin Laden, líder de Al Qaeda.
En los tours organizados por personal del Pentágono en las zonas de conflicto de Asia, Oriente Medio y Guantánamo a militares, policías federales, personal de inteligencia, jueces, ministerios públicos y abogados mexicanos se les enseñó de todo, según los documentos consultados por el corresponsal.
“Visitaron salas de tortura, revisaron grabaciones de audio y video, analizaron protocolos de espionaje tecnológico y personal a objetivos específicos, atestiguaron la práctica de asaltos y ataques sorpresa, entrenamiento de las fuerzas especiales en escenarios de guerra y en terrenos inaccesibles; también participaron en la elaboración de análisis y diseminación de la información de inteligencia obtenida de todo esto, antes y después de lanzar un operativo de decapitación de mando o estructura de las redes terroristas”, dice uno de los textos del Departamento de Defensa.
Cuestionado sobre esos tours, Davis responde que la pregunta debe formularse a las autoridades mexicanas.
Y agrega: “El CNOS se ampliará sólo para proporcionar entrenamiento a las fuerzas de seguridad de México en Estados Unidos. Para ello se ampliará el número de personal con el que cuenta actualmente el CNOS –de 30 a por lo menos 140 personas– para que empiece a operar a principios de 2014.
Según ese plan un general de una o dos estrellas estaría al frente del CNOS. Con un general como jefe, el Pentágono quiere darle a este grupo más autonomía para desarrollar sus estrategias con México y Canadá.
Davis explica que será la Jefatura de Servicios del Pentágono la que designe al jefe del CNOS. “Su base central de operaciones estará en Colorado Springs, dentro de la Base de la Fuerza Aérea Peterson”, añade.
El personal que formará parte de la ampliación del CNOS incluye a miembros de las fuerzas de élite del Pentágono y a 15 o 20 elementos de la CIA. Dentro del Norcom, cuya sede también está en Colorado, ya hay “observadores y colaboradores” de la Sedena y la Semar trabajando en el desarrollo de proyectos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El Chapo Guzmán: la incomodidad del gobierno mexicano

A 12 años de distancia, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, le sigue causando incomodidad al gobierno mexicano, pues su escape recuerda el debilitamiento y la incompetencia de las instituciones de seguridad del país y el creciente poder de los carteles como un irremediable síntoma de una estrategia fallida ejecutada durante los últimos seis años.

La dinámica social como parte de un proceso de transformación colectivo ha hecho que entre la ciudadanía en general —inmersa en una dinámica creciente de injusticia, impunidad y corrupción— haya provocado, a través de los años, el aumento en la demanda, el consumo y la ampliación del mercado ilegal de las drogas en México y en gran parte del mundo.

Este bloque delictivo, más allá de incidir en la economía ilícita, repercute en las conductas actuales que establecen la normalización de la violencia, la criminalidad y el mantenimiento de un sector de la población dedicado al fortalecimiento de las estructuras del narcotráfico sin tener repercusiones legales.

Ostentando el poder, las células criminales dedicadas al narcotráfico en México se han ido beneficiando de territorios claves para la comercialización de su mercancía, y con esto, la importancia de las alianzas con otros carteles y con funcionarios del gobierno ha sido fundamental para concretar sus planes con éxito, saliendo victoriosos en cada batalla a la que se enfrentan día con día de la mano de un apoyo que culmina —en la mayoría de los casos— en una complicidad compartida.

Hoy vivir en México se ha vuelto complicado, el panorama en materia de seguridad se vislumbra gris y abandonado, el desarrollo en sectores cruciales para la competitividad se ha visto forzado y hasta cierto punto manipulado para colaborar con la ilegalidad y el estancamiento de la población en una debacle socioeconómica que ha culminado con las pocas oportunidades de trabajo, buenos sistemas de enseñanza y en una de las más trágicas y actuales situaciones, han permitido la anuencia de un sistema de gobierno ‘a modo’, el cual representa a la fecha intereses particulares por encima del bienestar ciudadano.

Lo cierto es que la situación que se vive en el país ha sido motivo constante de errores, los cuales le han costado al gobierno miles de muertes en los últimos años. La necedad de no analizar el problema ha permitido un inútil combate que ataca el problema, pero no las causas que originan este mal. Los Zetas, el Cartel del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los Arellano Félix, el Cartel de Sinaloa y nuevas organizaciones como El Z-40, Los Matazetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, son solo algunas de las muchas asociaciones criminales que dominan al país a lo largo y ancho del territorio nacional.


¿Quién es y dónde está el Chapo Guzmán?

Según la revista Forbes, Joaquín Guzmán Loera es uno de los hombres más ricos del mundo. En México ostenta la posición número 10 de la tabla clasificatoria; a nivel mundial, se posiciona como el sexagésimo tercer hombre más poderoso. Según la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Chapo es uno de los hombres más buscados, como en su momento lo fue Osama bin Laden. En todo el mundo, la figura del capo es reconocida como la del líder consagrado en el mercado ilegal de la fabricación y venta de estupefacientes bajo una estructura abismal que resguarda una incalculable fortuna.

Guzmán Loera, a 12 años de su controvertido escape del penal de máxima seguridad de Puente Grande, ubicado en Guadalajara, Jalisco (20 de enero de 2001), ha ido creando una red de complicidad nacional e internacional hasta lograr el control territorial de la República Mexicana con el actual dominio de 25 de los 32 estados.

El actual imperio, que hoy traspasa fronteras al costo que sea —sin contemplar las más poderosas barreras que impone el Estado mexicano—, ha derrumbado a su paso planes de captura, y ha ido estudiando minuciosamente el mercado nacional para encabezar una asociación delictiva aliada con otros grupos criminales para concretar el sueño que no lograron narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado en la década de 1980 el Capo de Capos, y Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos: la presencia y expansión de un cartel, en este caso el de Sinaloa, como una corporación líder en la creación y exportación de drogas sintéticas bajo una de las más poderosas estructuras criminales.


¿Dónde está Joaquín Guzmán, el Chapo?

Según especialistas, los gobiernos mexicano y de Estados Unidos saben dónde se encuentra el narcoempresario, prueba de ello son las constantes negociaciones documentadas que han comprobado la alianza del gobierno mexicano con estas asociaciones delictivas. Como lo reconoció en su momento el general Mario Arturo Acosta Chaparro, él y distintos capos como Édgar Valdez Villareal, alias la Barbie, a cargo del grupo criminal llamado Los Negros, así como con Los Zetas y el Cartel de Sinaloa, liderado por el Chapo, sostuvieron reuniones para negociar, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la incesante ola de violencia que repercutía en las inversiones extranjeras y la imagen del país como uno de los más violentos del mundo.

La pregunta ¿dónde está el Chapo Guzmán? persiste en el ánimo inconforme colectivo. La poca credibilidad hacia las instituciones y el creciente problema de inseguridad son tan solo un recordatorio de la colusión del gobierno con los carteles de la droga, y en la contraparte, la endémica cultura de impunidad se sigue transfiriendo generación tras generación, avalando una conducta que soluciona un problema que al parecer no tiene fin.


Antecedente criminal

La crisis de corrupción a través de los años ha permitido —entre otros problemas sociales— la expansión del narcotráfico en todo el mundo. Los mitos que circundan en el universo de la mafia son muchos, entre estos se ha podido comprobar la nula importancia que los carteles dan a los modelos económicos actuales, asimismo, las relaciones o acuerdos internacionales con otros países no son barrera para la comercialización de su mercancía, el negocio es el negocio.

Según estudios en Colombia, la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia en 1994, contribuyó a extender el narcotráfico, por su alto impacto, en sectores industriales como las maquiladoras, dejando debilitadas a las ciudades fronterizas del norte como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Juárez y Tijuana, y eso es absolutamente falso. La quiebra de miles de productores agrícolas que no pudieron competir con Estados Unidos no incidió en las oportunidades de trabajo ni provocó un salto significativo de las personas de escasos recursos hacia la delincuencia organizada; la crisis de corrupción que se vive en México ha normalizado las actividades desde las esferas más altas para hacer de esta conducta algo cotidiano que no tiene castigo alguno.

El narcotráfico, una presencia muy pesada, un compañero demasiado costoso y una sombra caótica, tiene su razón de ser desde hace varios sexenios. Lo que antes era una relación simbiótica “gobierno-mafia”, a través de los años fue adquiriendo el papel de un proyecto a gran escala, extendiendo una gran maquinaria operativa más allá del territorio mexicano. Tanto la DEA como la Procuraduría General de la República —la PGR en México— han documentado que la narcoempresa al mando de Guzmán Loera es tan poderosa como grande en cuanto a su capacidad operativa se refiere.

Esta mafia se extiende no solo en Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo, sino también, según investigaciones, el imperio del Chapo ha llegado a países como Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay, regiones donde el narco más buscado controla los cargamentos y el suministro de drogas y precursores químicos.

De igual forma, Guatemala y Costa Rica han sido las terminales para resguardar en bodegas la mercancía a traficar. La ambición es tal que el Cartel de Sinaloa ha exportado drogas sintéticas y cocaína a Europa —particularmente a España y Reino Unido—, que no es inmune a lo que hoy se conoce como el narcoholding, un cartel que pasó de una mafia local a un grupo empresarial como un McDonald’s, con sucursales o franquicias en varias partes del mundo, propiciando la criminalidad y auspiciando la fortuna en manos de unos cuantos capos.

Anabel Hernández, periodista y escritora, autora de una de las obras más controvertidas de los últimos años, Los señores del narco, hace una denuncia pública sobre una serie de actos de corrupción y un entramado que involucra a distintos actores políticos, policiacos y de gobierno en México. A esto, en entrevista con Newsweek en Español, la investigadora comenta cómo a lo largo de los años el Poder Ejecutivo, desde las distintas dependencias de seguridad e instancias funcionales del gobierno, se ha prestado para hacer de las mafias un control que culmine con la rentabilidad de los dos bandos. Desde los años de la década de 1970 e incluso mucho antes, nadie imaginó que estas complicidades tendrían un cauce tan desastroso como el que hoy se vive en México.

“A lo largo de los años, lo que yo he podido documentar en mis investigaciones —por lo menos desde la década de 1970 hasta la fecha— es que el gobierno ha mantenido una convivencia y una complicidad directa con el narcotráfico.

“Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) esta corrupción y convivencia estaba a cargo de un gobierno fuerte, era un Estado totalitario con un grupo de delincuentes que hacían negocios. El gobierno sabía que los delincuentes existían y negociaba con ellos, pero desde un punto de vista de gobierno, era una situación de jerarquía; ellos, como Poder Ejecutivo, estaban por encima de los narcotraficantes, actualmente la dinámica es totalmente distinta. En este gobierno, según los testimonios que yo recopilé, los narcotraficantes pagaban una especie de impuesto —por debajo de la mesa por supuesto— para que se les permitiera sembrar, cosechar, transportar y traficar droga hacia Estados Unidos.

“¿En qué consistía esta dinámica? Los narcotraficantes se reunían con los jefes de zonas militares e iban a pedir permiso para sembrar mariguana, por ejemplo; el jefe de la zona preguntaba cuántas hectáreas necesitaban, las concedía y asignaba un precio; los carteles de la droga pagaban el soborno y entonces a esos plantíos que estaban ‘permitidos’ se les ponía una bandera. Todos los plantíos que no tuvieran esa bandera eran arrasados inmisericordemente. Los narcotraficantes o los cultivadores de droga que sembraban sin la anuencia del gobierno eran aplastados y encarcelados; y eran precisamente los mismos narcos los que se quejaban de los que no pagaban el ‘impuesto’; estaban fuera de las reglas, aseguraban.

“Lo que yo narro en mi libro Los señores del narco es que lo que fue haciendo más poderosos a los narcotraficantes mexicanos, que acabaron convirtiéndose en carteles, no fue la dinámica económica —refiriéndome al modelo de gobierno en ese entonces—, sino el poder económico que fueron adquiriendo. El poder que tenían ellos cuando se dedicaban únicamente al tráfi-co de mariguana y amapola era importante, pero no tan importante como para tener más poder económico que el Estado.

“En aquella época, cuando se negociaba con el gobierno de Luis Echeverría, además de pactar con los jefes de las zonas militares, la Policía Judicial era la que los escoltaba —una vez que los narcotraficantes reunían la droga y hacían todo el proceso de secado de la mariguana, la empacaban y demás— a través de las carreteras para verificar que la droga no se quedara en México, sino que, efectivamente, saliera a EE UU.

“Con la droga que se quedaba en México, la Dirección Federal de Seguridad era muy implacable al respecto. Y sí, en ese entonces sí metía a la cárcel o asesinaba o sancionaba a aquellos narcotraficantes o sembradores de mariguana y amapola que no sacaban la droga de México, sino que querían venderla en territorio nacional.

“En la década de 1980 —y lo tengo documentado— la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de EE UU, contacta a un cartel, el más poderoso en su época, el de Medellín, a cargo de Pablo Escobar Gaviria, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Don Neto [Ernesto Fonseca Carrillo] y Rafael Caro Quintero, que en ese entonces eran los principales traficantes de droga en México. Cabe destacar que estos tres personajes solo traficaban mariguana y amapola, ¿Les daba mucho dinero eso? Sí, les daba mucho dinero. ¿Se daban la gran vida? Se daban la gran vida. Pero no tenían un gran poder económico para realmente comenzar a ser más fuertes que el Estado.

“Con esa conexión, Miguel Ángel, Don Neto y Rafael comenzaron a mutar. Lo que ocurrió en México fue que el Cartel de Medellín ocupaba territorio mexicano para bajar sus aviones rellenos de cocaína, recargar combustible y, después, continuar su viaje hacia EE UU. Esa conexión entre los colombianos y los mexicanos cambió para siempre la dinámica del narcotráfico en México, este trío comenzó entonces a sobornar a jefes policiacos, a gobernadores, a presidentes municipales, con el poder económico que les dio la venta de la cocaína.

“Fue así como los equilibrios económicos se fueron modificando poco a poco hasta llegar a esta crisis terrible en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde la convivencia con el narcotráfico era absoluta y total. En mi libro Los señores del narco hablo, manejo y expongo incluso documentos donde el propio secretario particular de Carlos Salinas, el señor Justo Ceja Martínez, recibía dinero y se reunía con Amado Carrillo Fuentes; incluso cómo el propio papá del entonces presidente Salinas, Raúl Lozano, negociaba tranquilamente con el Cartel del Golfo y su líder, Juan García Ábrego, alias la Muñeca. Asimismo, hay fotografías del papá del expresidente abrazado de Juan N. Guerra, que era el padrino y el creador de García Ábrego.

“Entonces ahí, durante el sexenio de Salinas de Gortari, encontramos que el narcotráfico estaba a la par del gobierno, eran socios. Había una convivencia absoluta y total, fue entonces cuando los narcotraficantes se dieron cuenta de que necesitaban de las conexiones políticas y empezaron a financiar candidatos, a meterse en la política, esto a cambio de beneficios y porque se dan cuenta de que necesitan a los políticos, a los policías, a los militares, para mantener su negocio.

“Entre más poder tuvieron los narcotraficantes ¿qué fue lo que pasó? Su negocio se fue extendiendo porque tenían más poder para repartir a cada persona involucrada en la mafia, no solo en el país, sino en todo el mundo. Los carteles en México se volvieron incluso más poderosos y expertos que los colombianos. EE UU se enfocó en combatir a esas células criminales que ya no existen, pero que no han dejado de producir cocaína, la cual paulatinamente sigue creciendo. Las mafias mexicanas, por su parte, se consolidaron como las productoras y exportadoras número uno para EE UU, sin que la CIA, la DEA o la policía fronteriza, la Border Patrol, detecten las toneladas que llegan hacía territorio estadounidense y sin que las autoridades hagan algo al respecto.

“No es posible que llegue la droga a México o a otra parte del mundo como Suiza sin que las autoridades no estén coludidas. Hay toda una red de producción, transporte y tráfico de droga que es imposible que los gobiernos del mundo no detecten. ¿Qué es lo que sucede? Hay una red de corrupción internacional, no solo es un asunto que le concierne directamente a este país”.


Caída, fuga y ascenso

Actualmente, los estados mexicanos de Coahuila, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas son algunas entidades en las que, aseguran la PGR y la DEA, vive actualmente Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo. Desde su captura hasta lo que fue su fuga, seguido de la concreción de un imperio, las dudas siguen presentes y las muertes hacen una aparición constante en una de las galas de la política del terror nunca antes vistas.

Era la mañana del 10 de junio de 1993. “Es extraoficial”, apuntaban los medios de comunicación. El procurador, Jorge Carpizo McGregor, apareció flanqueado por el director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, José Carreño Carlón, anunciando la captura del Chapo Guzmán. A las 12:00 horas del 9 de junio se había capturado al narcotraficante en el puente internacional del Talismán, sobre el río Suchiate, “cuando autoridades de Guatemala lo entregaron, junto con cinco personas de su grupo más cercano, a la Procuraduría General de la República, apoyada por miembros del Ejército Mexicano, quienes colaboraron con gran eficacia y compromiso”. Con él fueron detenidos miembros importantes de la banda criminal: Martín Moreno Valdés, Manuel Castro Meza, Baldemar Escobar Barrasa, María del Rocío del Villar Becerra y Antonio Mendoza Cruz, reportó el procurador.

La controversia surgió cuando la versión oficial de Los Pinos no coincidió con la del gobierno guatemalteco. La Dirección de Información y Difusión del Ejército de Guatemala negó la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera en territorio sudamericano. Ángel Conté Cohulum, responsable de la oficina de Migración de Guatemala, sostuvo que legalmente no existió tal aprehensión y que nadie con el nombre de Joaquín Guzmán Loera había cruzado la frontera de Guatemala con México. Asimismo, Absalón Cardona Cardona, entonces jefe de la Policía Nacional de El Carmen, coincidía con las demás instancias de seguridad, calificando como fal-sas las versiones de la procuraduría mexicana.

Según funcionarios del gobierno de Guatemala, lo que pudo haber ocurrido es que las autoridades mexicanas, de acuerdo con diferentes versiones, cruzaron ilegalmente a la frontera sur, al igual que el Chapo y su banda, e hicieron la captura, si es que la hubo, de manera ilegal.

En noviembre de 1995 el Chapo consiguió su traslado al penal de Puente Grande, ubicado a 18 kilómetros de Guadalajara. Junto con Héctor Palma, el Güero, Guzmán Loera se dedicó a defenderse de los 10 procesos que tenía abiertos por homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y tráfico de drogas.

Operando dentro de la cárcel, el Chapo lentamente iba sometiendo al penal a sus reglas y condiciones criminales. A diferencia de los sobornos que hizo en 1991, cuando entregó 225 000 dólares y 14 millones de pesos a cambio de su libertad al jefe de la Policía capitalina, Santiago Tapia Aceves, en esta ocasión diversas denuncias de los custodios —que constan en actas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— reflejaban la influencia del actual líder del Cartel de Sinaloa como una mafia controlada y aliada al entonces gobierno del presidente que encabezaría el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada.

La fuga del capo, orquestada por una serie de sucesos de constante análisis, denota que la impunidad en México trascendió en la mañana del 20 de enero de 2001, aunque otras versiones aseguran que pudo haber ocurrido casi 24 horas antes. La salida del Chapo del penal de Puente Grande ocurrió cuando, presuntamente, el 19 de enero de 2001 a las 21:15 horas el capo se encontraba todavía en su celda, según el reporte de los vigilantes de la cárcel; pero a las 23:35 horas, Leonardo Beltrán Santana se dio cuenta de que no estaba ahí.

Oculto en un carrito que se emplea para transportar basura y ropa sucia y que pasa por varios filtros y es custodiado por al menos un vigilante, se especulaba la presencia de Guzmán Loera aún dentro del penal. Se dijo también que el sistema de circuito cerrado de televisión estaba descompuesto y que eso facilitó el gran escape del narcotraficante, ahora prófugo de la justicia.

“Es imposible”, aseguran académicos, que desde su captura hasta la fuga del sinaloense, este no haya tenido una red de protección a su mando a cargo de funcionarios públicos gubernamentales. El ascenso de la empresa matriz multinacional que encabeza el narco, de 55 años de edad, es fruto de un fenómeno sociocultural relacionado con la herencia histórica más grande de todos los tiempos: la corrupción de las élites empresariales, el gobierno mexicano y la ciudadanía en general.


El boom del narcotráfico

Muchas organizaciones mexicanas e instituciones internacionales podrían asegurar que la constante administración priista es la responsable del incremento en la incidencia delictiva y el comercio creciente de sustancias y activos ilegales. A este respecto, la periodista Anabel Hernández argumenta: “El gran boom del narcotráfico sí creo que está directamente correlacionado con la fuga del Chapo Guzmán, que no fue el 19, sino el 20 de enero de 2001.

“En ese momento, cuando el Chapo Guzmán sale de la prisión, el Cartel de Sinaloa, que estaba manejado por Ismael Zambada, el Mayo; el Cartel de Juárez, bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Beltrán Leyva; el Cartel de los Valencia; el Cartel de los Amezcua; el Cartel del Golfo, entonces ya liderado por Osiel Cárdenas Guillén, eran organizaciones que tenían un importante tráfico de droga, pero que estaban muy desarticuladas.

“Cuando sale el Chapo Guzmán y reúne a este cónclave de narcotraficantes, a fines de ese mismo año, es otro punto de quiebre que cambia de nuevo la dinámica de narcotráfico en México, después de aquella legendaria reunión convocada por Guzmán Loera y avalada por el Mayo Zambada.

“En esa reunión sienta a los capos de todos los carteles en una misma mesa; cabe destacar que, antes de ese momento, los carteles de la droga se respetaban unos a otros; había enemistades, pero tenían que ver más con cosas personales que con el negocio. Todos se entendían realmente. Cuando el Chapo Guzmán sienta a los carteles a una mesa a negociar, reúne a todos menos a dos organizaciones, a los Arellano Félix, por el rencor que tenía a sus otrora compadres, ni al Cartel del Golfo porque no confiaba en Osiel Cárdenas Guillén.

“En ese momento al Chapo se le ocurre una idea catastróficamente genial: ‘Hagamos una federación de carteles, sumemos la producción de todos y hagamos un gran emporio del narco’. Así, el Cartel de Juárez aportó su territorio; el Mayo Zambada brindó de igual forma su territorio y su gente; lo mismo pasó con los Amezcua, los Valencia y los Beltrán Leyva.

“¿Qué aportó el Chapo Guzmán a esa mesa de negociación? Acababa de salir de prisión y había perdido todo lo que tenía de territorio, influencias, gente, pero como parte de esa sociedad brindó el apoyo total y absoluto del Gobierno Federal. Ese apoyo del gobierno de Vicente Fox no solo consistía en no atraparlos, en no molestarlos, sino en atacar a los carteles enemigos, a los del Golfo y a los Arellano Félix.

“Esta federación de carteles funcionó de 2001 hasta enero de 2008, es decir, la organización de estos grupos criminales caminó por mucho tiempo con un crecimiento terrible que los tiene hoy en el lugar en donde están.

“La fuga del Chapo —que en lo personal yo no podría llamarle fuga—, la salida de este capo del penal de Puente Grande, fue un asunto perfectamente planeado a partir de que Vicente Fox Quesada gana la Presidencia de la República, eso ocurrió en julio del año 2000.

“Más o menos en agosto de ese mismo año el Chapo Guzmán ya empezaba a hablar con sus custodios y con su amante de que ya se iba del penal, ya estaba contratando gente y organizando perfectamente su salida. No fue un asunto de último instante, fue meticulosamente planeado gracias a que en 1999 —cuando Ernesto Zedillo estaba al frente del Ejecutivo— Guzmán logró tomar el control total del penal de máxima seguridad a través de la corrupción de los mandos y directivos de Puente Grande.

“Incluso, el Cisen, el Centro de Información y Seguridad Nacional, tenía reportes y registros de esas conversaciones y nadie hizo nada por impedirlo, al contrario, lo único que se gestó fue la corrupción de funcionarios y el encubrimiento de las golpizas que se propiciaban a aquellos que se negaban a formar parte del cartel y a servirle al Chapo Guzmán dentro del penal.

“De acuerdo con un testimonio directo que me dio uno de los cinco coordinadores de la DEA en México en mayo de 2006, en ese entonces él estaba investigando supuestamente los 20 millones en sobornos que había recibido Vicente Fox para dejar salir al Chapo Guzmán de la prisión. Aparentemente este acto de dejarlo salir no era más que un caso más de corrupción de la familia presidencial, que incluso sabemos ahora que no fue el único que cometió durante su gobierno, pero sí el de más graves consecuencias que trajo a México.

“Yo le pregunté al secretario de la DEA por qué estaba haciendo una aseveración tan delicada como esa y él me señaló que tenían infiltrado a Nacho Coronel, y que el propio Nacho Coronel y el Chapo Guzmán lo habían comentado delante del informante de la DEA.

“Lo que ocurrió después de ese instante fue una serie de hechos en los que el Gobierno Federal físicamente estuvo protegiendo al Cartel de Sinaloa. Yo tengo operativos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), instancia del gobierno que estaba al mando de Genaro García Luna durante la administración de Vicente Fox, donde los ‘afis’ iban en camionetas junto con la Barbie a orquestar operativos contra Los Zetas en Acapulco; los ‘afis’ iban capturando a estos zetas en diferentes hoteles, acompañados siempre de los vehículos de Édgar Valdez Villarreal y los Beltrán Leyva, y en todo caso la AFI tenía que presentar ante el Ministerio Público a estos zetas, pero se los entregaban a la Barbie, y este mismo los torturaba y los ejecutaba [lo que filmaba] en un video, el primer video que surge de estas ejecuciones grabadas que causó revuelo en internet”.

No solo es México, la expansión del Cartel de Sinaloa se encuentra a nivel mundial. Tan solo en Colombia, distintos organismos de seguridad han detectado el aumento de enviados del Chapo a zonas donde operan Los Rastrorrojos y Los Urabeños, bandas criminales formadas a raíz de los grupos paramilitares y que acaparan en mayor número el mercado del narco en ese país.

En Perú, la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado mantiene abierta una investigación sobre la presencia del cartel en la zona fronteriza que colinda con Ecuador. Dicha averiguación expone la presencia de criminales colombianos, peruanos y ecuatorianos al cuidado de la producción y manejo de la cocaína en sus distintas rutas. De igual forma, en Colombia existen grupos de mexicanos verificando la entrada y salida de cargamentos de cocaína hacía Centroamérica, Estados Unidos y México.

Incluso, hace poco en España se desmanteló una célula del Cartel de Sinaloa que se asentaba en Madrid, dirigida posiblemente por el primo del Chapo Guzmán, Jesús Gutiérrez Guzmán. Los sucesos ocurrieron en las inmediaciones del hotel Palace, uno de los más lujosos de la ciudad. Al mediodía del miércoles 8 de agosto de 2012 fueron capturados Samuel Zazueta Valenzuela, Rafael H. Celaya Valenzuela, Jesus G. Palazuelos Soto y Jesús, el primo del capo sinaloense.

Este cartel, ahora multinacional, bajo protección y nuevas alianzas, también ha tenido lugar en Guatemala, donde en más de tres ocasiones, según el gobierno de la entidad, se han encontrado documentos del Chapo detectando comunicaciones y estando al borde de su captura no concluida.


La guerra fallida

A pocos días de haber tomado posesión como presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa envió 5000 efectivos militares y policiacos para frenar la venta, producción y tráfico de drogas en su estado natal, Michoacán. A partir de ese día declararía abiertamente una guerra que provocaría miles de muertes, las cuales arrasarían con su imagen y la de su gobierno.

Se ha dicho que el legado de Calderón constituye uno de los ejes más escandalosos de la corrupción y de la complicidad como grandes factores dominantes en México. La escritora Anabel Hernández opina a este respecto: “En mi libro México en llamas: el legado de Calderón habló de cinco legados, uno de ellos, el empoderamiento del Chapo Guzmán, podríamos decir que es una de las herencias más grandes y catastróficas: mantener impune a este criminal y enriquecerlo más que cualquier institución pública en México. El segundo es cómo destruyó al Partido Acción Nacional (PAN), contando actualmente con un padrón de militantes mínimo. También tenemos a un Ejército totalmente debilitado y a una Policía Federal que, aunque ya no exista la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), sigue existiendo el brazo operador del narcotráfico. Y la última, tenemos una proliferación de células criminales que son cientos en México y no están al control de nadie y que son independientes, además de los grupos de mercenarios.

“Prueba de ello fue lo ocurrido en Guadalajara en los Arcos del Milenio. Fueron grupos de mercenarios —presuntamente contratados por un zeta— los que ejecutaron a una serie de personas que fueron apiladas en distintas camionetas sobre la avenida con una precisión escalofriante.

“Uno de estos mercenarios declara a la Procuraduría de Jalisco que a ellos, un mes antes de los hechos de las camionetas, llegó un presunto zeta a entregarles una lista. Durante un mes estuvimos ubicando a cada una de las personas de la lista a través de Facebook y Twitter, incluso por teléfono, aseguró el detenido. Habla de cómo hubo un seguimiento puntual con cada persona de aquella lista, y en tres días, solo en tres días, simultáneamente levantan a todos los señalados, torturan a algunos y matan, simplemente, a otros. Cuando la Procuraduría arremete contra el muchacho asegurando que eso no puede ser cierto, pues ¿por qué al muchacho de la pizzería?, ¿por qué al joven del supermercado?, ¿por qué el panadero?, parecían ser víctimas aisladas, al azar; y el miembro de esta banda de mercenarios dice: ‘La lista es la lista, y en la lista no hubo ningún error’.

“Cuando uno se pone a investigar los nombres de cada una de las personas levantadas, no eran hechos aislados, eran grupos de personas. Por ejemplo, tres pertenecían a la misma calle; otros tres pertenecían a la misma colonia; no hubo ninguno que no estuviera ligado con el otro”.

Con todo esto, la estrategia fallida del panista provocó un incrementó acelerado en el consumo y producción de estupefacientes; además, la penetración del crimen logró imponerse en las instituciones encargadas de brindar seguridad dentro del país, entre ellas, el Ejército, la Marina, la SSP, la PGR y el Poder Judicial; hasta ahora ni una sola se ha librado de algún tipo de escándalo delictivo o de corrupción.

Además, los asesinatos impunes, una sombra y una carga muy pesada que persiguen a Calderón, es uno de los reclamos que caracterizaron su gobierno y su etapa posterior al anunciar, entre otras noticias, su arribo a la Universidad de Harvard como académico.

La organización México Evalúa, en su informe “Indicadores de víctimas e invisibles de homicidio”, presentado en noviembre de 2012, refleja que el saldo de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón asciende a 101 199 personas asesinadas. Este índice delictivo a causa de la implementación de la llamada “guerra contra el narcotráfico” aumentó el 36 por ciento de muertes respecto al sexenio anterior. Asimismo, 344 230 personas quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico alguno. Con estas cifras, el número de asesinados durante 2006-2012 alcanzó los mismos que los de las guerras de los Balcanes, incluso que Irak, en la cual se calcularon 114 212 fallecidos.

A nivel municipal, el foco de violencia se hace presente en entidades donde la rivalidad delincuencial depende del estado. En el listado destacan Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Torreón, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos. No obstante, también en estados como Veracruz y Tamaulipas es común ver asesinatos relacionados con el crimen organizado.

“Esta guerra contra el narcotráfico en México dejó un claro vencedor, y a nadie le puede caber la menor duda; el vencedor de esta guerra fue el Chapo Guzmán y su organización criminal, él fue el único narcotraficante que a lo largo de seis años de esta guerra se hizo más rico, según Forbes, y más poderoso, según la DEA. Todos los demás perdieron, incluso Felipe Calderón y los funcionarios que se coludieron con él”, asegura Anabel Hernández.


La tarea pendiente

Evidentemente, combatir las células criminales no es una tarea de los ciudadanos, pero fomentar una cultura de legalidad en México es una tarea obligatoria en la que actualmente estamos reprobados. Hay quienes dicen que la captura del Chapo probablemente no tendría un gran impacto en el mercado de las drogas, sin embargo, la disputa por los territorios y la apertura hacia nuevos horizontes siguen siendo el plan de estos grupos para presionar a los gobiernos, los cuales optan por medidas que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como lo demuestra México y su visión militar fallida.

Exigir será la clave, ya que la meta no es matar capos, sino la aplicación, el mejoramiento y la parcialidad de las leyes. La normalización de la impunidad y la corrupción han llevado a México a un entramado de crimen que ha culminado con los montajes de las corporaciones que hoy ostentan el poder.

¿Por qué ya no existe la guerra contra el narcotráfico? Al parecer con Peña Nieto este mal ha terminado, ¿o así será su dinámica? —pregunta Newsweek en Español a Anabel Hernández

“Desde fines de diciembre de 2012 he ido comentando que es terrible el silencio de los medios de comunicación porque son cómplices, y eso es perverso. Es terrible que el gobierno de Peña Nieto finja que no pasa nada. Gracias a algunas cifras que dan medios de comunicación independientes sabemos que las masacres y los muertos están ahí todos los días, ya Televisa y los grandes medios masivos de comunicación no los mencionan, pero están ahí.

“Me parece que esto es una especie de acuerdo con el Gobierno Federal; como este no puede ni tiene la capacidad logística ni operativa para disminuir los muertos, y como uno de los principales reclamos de Enrique Peña Nieto fue ese, pareciera que si no puede disminuirlos en número, sí puede minimizarlos mediáticamente.

“El grave problema es que, mientras se finja que no pasa nada, estas células criminales siguen adquiriendo más y más poder. Lo que va a ocurrir en México va a ser terrible, está siendo terrible y va a ser peor. Cuando en marzo o abril entremos a una ola de violencia, quizá como nunca antes vista, ¿qué van a decir los medios de comunicación?, ¿resurgió la violencia? No, es que nunca se fue”.


¿Qué representa el Chapo para el gobierno, un aliado nada más?

“Yo no sé si un aliado o un jefe. El Chapo para el gobierno debe representar una incomodidad, porque por un lado no pueden atraparlo, no quieren atraparlo; y por el otro, públicamente se señala como el capo que se ha ido empoderando. Y eso solo es un recordatorio de la complicidad y la incompetencia del gobierno de México”.


¿Qué va a pasar con todas estos carteles de la droga en el nuevo sexenio?

“Ese es un tema que está por verse. Hacer un pronóstico es apresurado, sin embargo, lo vamos a ver. Lo que hemos aprendido en estos últimos 12 años es que los pactos se notan, los pactos se reflejan en números de aprehensiones, en números de toneladas decomisadas, a quiénes se les decomisan y a quiénes no.


“Tarde o temprano vamos a ver de qué lado está el gobierno de Enrique Peña Nieto, si en verdad va a combatir a todos los carteles o va a favorecer a un grupo criminal como ocurrió durante los 12 años del PAN. Eso, para desgracia de este gobierno y del que siga, es algo que ya es inocultable”.


¿Por qué no han capturado al Chapo, el gobierno sabe dónde está?

“No me cabe la menor duda, pero no solo el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente donde está.

“Felipe Calderón Hinojosa, yo diría que más del 70 por ciento del tiempo de su sexenio, sabía dónde estaba el Chapo Guzmán; mandaba al general Mario Arturo Acosta Chaparro a negociar con él, y sabía a dónde iba. ¿Por qué no le pusieron alguna ‘cola’ a Acosta Chaparro y cuando se estuviera reuniendo con el Chapo surgiera un operativo sorpresa y en ese momento lo capturaran? Ellos no querían eso.

“Ahora, a través de la carta de la Barbie, que me entrega su abogada días antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, sabemos otra cosa, cuando menos un tema para investigar. De acuerdo a Édgar Valdez Villareal, alias la Barbie, no solo se reunió con Acosta Chaparro, él solo ratifica lo que me dijo el propio general cara a cara. En el 2010, el general me admitió que fue mensajero de Calderón para hablar con Los Zetas, el Chapo, los Beltrán Leyva, con todo el mundo, como negociador; porque lo que quería el presidente era negociar, no atacar.

“Mientras el 1 de diciembre de 2006 a nosotros nos decía que había emprendido una guerra, en 2008 estaba negociando permanentemente con los carteles de la droga debido a que la violencia ya le estaba repercutiendo en inversiones extranjeras y, sobre todo, en la imagen que estaba teniendo el país a nivel internacional.

“En dicha carta, la Barbie, además de ratificar las reuniones con el general —el enviado de Calderón y de Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación—, también afirma otra cosa, que el propio Felipe Calderón encabezó reuniones con los narcotraficantes, reuniones para hacer el ‘Pacto de Calderón’.

“Tú me preguntas que si no detienen al Chapo Guzmán porque no saben dónde está; no, no lo detienen porque no quieren”, concluye la escritora mexicana.

Que diga en México quién no ha perdido algo, aunque sea la tranquilidad de caminar en las calles. Todos hemos perdido algo. Asimismo, de una u otra manera, todos hemos sido parte de este mal. La única forma de que esta situación cambie es que los mexicanos reemplacen la cultura de corrupción por una de legalidad.

Probablemente esta sea la única opción para no ver difícil la tarea de combatir a este hombre y a las células criminales. De lo contrario, el país caería en el pesimismo y en la animadversión de las instituciones al pensar que Guzmán Loera ya le queda grande al Estado mexicano.