La noticia, adelantada por El Confidencial, de que el Gobierno se dispone a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, último antes de las elecciones del 20-N, un nuevo estatuto de personal para el Centro Nacional de Inteligencia ha sentado mal hasta en el propio CNI. Desde los servicios secretos se ha hecho llegar al Gobierno el mensaje de que dos días antes de los comicios es el momento más inoportuno para impulsar una reforma diseñada desde el año pasado.
El texto del anteproyecto de nuevo estatuto fue elaborado por el CNI a los pocos meses de llegar a la dirección Félix Sanz, en julio de 2009, y remitido a continuación al Ministerio de Defensa, departamento del que dependen orgánicamente los servicios de inteligencia. El Consejo de Estado ha terminado su informe sobre el proyecto y el departamento que dirige Carme Chacón se propone llevarlo al Consejo de Ministros del viernes sin que se conozcan los cambios incorporados ni consultar a nadie más, tampoco a la oposición, pese al inminente cambio en el Gobierno y lo delicado de la materia que toca: la política de personal, el sistema de ingreso, de ascensos, de incompatibilidades, de concursos de méritos, de cambios de destino o de jubilaciones de los funcionarios (espías) del centro.
El Ministerio de Defensa acelera ahora su tramitación como si no pasara nada, cuando hasta en el CNI se daba por hecho que el proyecto iba a decaer con la disolución de las Cortes, no por una cuestión legal sino simplemente porque el Gobierno agotaba ya su mandato. Los servicios de inteligencia no tienen interés alguno en cambiar su régimen interno en pleno proceso de cambio político y menos sin que se consulte a los representantes del previsible próximo Ejecutivo del PP. Es el mensaje transmitido desde el centro al Gobierno, que debe decidir ya si lo incluye en el índice para el Consejo de Ministros
La oposición también ha mostrado su desconcierto ante la urgencia del Ministerio de Defensa, que les lleva a albergar todo tipo de recelos sobre el contenido de la reforma, sin descartar que el caos de salida esté instalado en el departamento que dirige Chacón, dedicada en las últimas semanas a hacer campaña como cabeza de lista del PSC por Barcelona. La portavoz de Defensa del Grupo Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones, ha pedido responsabilidad al Gobierno saliente y “respeto institucional” ante el relevo en el poder para que el último Consejo de Ministros no apruebe el citado decreto sobre el CNI.
La dirigente del PP expresó su “máximo respeto” al actual director del CNI, Félix Sanz, por haber llevado a los servicios de inteligencia por “la senda de la prudencia” en los dos últimos años después de la convulsa etapa anterior, la de Alberto Saiz. Y por ello denunció que aprobar un nuevo estatuto de personal del centro “en tiempo de descuento” sería una ruptura con esa última etapa y en un asunto de Estado que, a su juicio, debe haber el máximo acuerdo entre las principales fuerzas políticas.
Cuestión de Estado sin consultar
Rodríguez-Salmones, dejando siempre al margen al secretario de Estado responsable del centro, confirmó que el PP no ha sido consultado en ningún momento por Defensa sobre los cambios que prepara en la política de personal del Centro Nacional de Inteligencia, e insistió en que su partido no acepta “los hechos consumados en una institución que debe ser más de Estado que ninguna”.
La portavoz de la oposición en materia de Defensa reiteró que es “inadmisible” e “innecesario” aprobar ahora una reforma interna de los servicios secretos o un nuevo marco para los mismos en la última hora de un Gobierno de salida. “Es proyectar sombras sobre una gestión que ha sido impecable en los últimos dos años y sin que haya urgencia alguna para la reforma, como demuestra la propia demora del proyecto”, sentenció Rodríguez-Salmones.
