MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS

La Unión Interparlamentaria Mundial y el DCAF definieron las siguientes pautas que tiene por objetivo asegurar el control democrático de los servicios de la inteligencia estatal:

- verificar que la ley sobre servicios de inteligencia reglamente los siguientes temas: deben definir la situación, el alcance, la operación, cooperación, asignación de tareas, obligación de informar y fiscalización de los servicios. Además, deben controlarse los métodos específicos de adquisición de información y mantenimiento de registros que contengan datos personales, lo que debe organizarse por ley, al igual que la situación de los empleados del servicio.

Los servicios de inteligencia tienen que ser políticamente neutrales, y operar de acuerdo a un ethos profesional, incluyendo el compromiso con la democracia y un sentido de responsabilidad cívica.

Verificar que la comisión parlamentaria encargada de fiscalizar (a estos) servicios, actúe a fin de garantizar que la capacitación del personal de inteligencia contemple el respeto por los principios democráticos y las leyes sobre derechos humanos.

El Parlamento debe sancionar leyes que confieran a los tres poderes del Estado, un rol complementario:

*El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad final de asignar tareas y dar prioridad a los servicios de inteligencia;

*El Parlamento, sanciona las leyes pertinentes, fiscaliza los presupuestos y el rol de gobierno y funcionamiento de los servicios; los parlamentarios, no deben interferir con las operaciones de Inteligencia.

*La Justicia libra mandamientos si los servicios intentan interferir con la propiedad y/o comunicaciones privadas y controla que los servicios actúen dentro del marco de la ley.

(Fuente: "Control parlamentario del sector seguridad. Principios, mecanismos y prácticas. Unión Interparlamentaria Mundial. Centro Ginebra para el control democrático de las Fuerzas Armadas, 2004.)

SUPERVISIÓN DEMOCRÁTICA. LA REALIDAD COMPARADA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN EL MUNDO

La Inteligencia sigue siendo secreta en sociedades cada vez más abiertas

¿Cuales son los límites? Los servicios de inteligencia actúan en la sombra, pero en el mundo crece la exigencia por leyes que los regulen. LA REPUBLICA accedió a un estudio comparativo.

Luis Casal Beck |

Los servicios de inteligencia operan en la sombra. Es el secreto, uno de sus rasgos más distintivos. Esta situación los pone necesariamente en tensión con el desarrollo de sociedades cada vez más abiertas, donde la democracia madura y los ciudadanos reclaman saber qué ocurre en todo mundo estatal.

A mediados de la década de 1970, ante el cúmulo de denuncias hechas públicas sobre los abusos de los servicios, surgieron leyes de inteligencia, y los parlamentos, crearon comisiones que intentaron supervisar el desarrollo de sus actividades. Esta tendencia pareció expandirse al culminar la Guerra Fría (1991), pero en realidad, son pocas las experiencias hoy exitosas. En buena parte del planeta, el control de la inteligencia pública, constituye una asignatura pendiente.

La propia Unión Interparlamentaria Mundial aprobó en 2003 un manual (el número 5), que señala: "la supervisión democrática de las estructuras de inteligencia, deberá comenzar con la implementación de un marco legal claro y explícito (que especifique) los límites al poder de los servicios, los métodos operativos permitidos y los mecanismos a través de los cuales deberán responder por sus actos" (pagina 64).

Es en el mundo anglosajón, donde el control público parece haber logrado avances más notorios. En Alemania, el director de la Inteligencia estratégica, suele ser un político, y de la oposición. Para cubrir el cargo, se busca el consenso de todos los partidos. En Bélgica, el jefe de los servicios jura antes de asumir, ante el presidente del propio comité de inteligencia del congreso.

Un estudio comparativo de la inteligencia en el mundo, al que accedió LA REPUBLICA, revela realidades muy dispares en la forma en que la sociedad controla estas actividades ("Hacia un control democrático de las actividades de inteligencia: estándares legales y métodos de supervisión"), del DCAF (Centro de Ginebra para el Control Democrático de las FFAA) de Suiza, la Universidad de Durham y el Comité de Inteligencia del Parlamento noruego.

La investigación analiza la realidad global. El MI5, y el MI6 británicos ­inmortalizados en la pluma de Ian Fleming, creador del agente secreto 007, James Bond, en plena Guerra Fría­, tuvieron estatuto legal recién a partir de 1989. Un comité de nueve miembros fiscaliza a los servicios ingleses, enfatizando en su "eficiencia", y no en la "legalidad" de sus prácticas. En cambio en Argentina, Canadá, y en Noruega, "la supervisión se concentra en la legalidad".

El estudio dice que las comunidades de inteligencia de casi todos los países "se encuentran en un proceso de reacomodamiento ante las nuevas amenazas a la seguridad (de las sociedades democráticas) que ya no son la invasión militar por parte de un país extranjero, sino el crimen organizado, el terrorismo, la propagación de los conflictos regionales". Esto no parece haberse traducido, necesariamente, en la aprobación de más leyes que normalicen estas actividades estatales, que suelen ser reductos que gozan de importante autonomía.

La revisión parlamentaria "entraña sus peligros", señala el informe. "El sector de la seguridad puede verse arrastrado al centro de la controversia entre partidos políticos, cuando los miembros de Congreso adoptan un enfoque inmaduro (desatando) un debate público teñido de sensacionalismo (...) la prensa y la opinión pública pueden formarse una impresión inexacta" de la realidad, todo lo que derivaría en desconfianzas múltiples y "riesgo" en la "efectividad de las operaciones" a realizar. Los jefes de la Inteligencia, suelen ser nombrados por los gobiernos, aunque, como dice la investigación, "es deseable que la oposición parlamentaria participe".